Accidentes de trabajo en Argentina

| 30 noviembre, 2011 | 0 Comentarios
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El día  3 de octubre de 1995 se promulgó en Argentina la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo (en adelante, “LRT”), que reemplazó la anterior Ley 24.028, último eslabón de un sistema que rigió durante varias décadas.

El referido  cambio se fundamentó en un conjunto de críticas al marco regulatorio entonces vigente. Se sostuvo, por ejemplo, que no brindaba los incentivos adecuados para la inversión en prevención (lo que se reflejaba en elevados índices de siniestralidad), que la reparación no era oportuna y que los altos costos laborales implicados producían distorsiones en el mercado de trabajo que atentaban contra la generación de nuevos empleos.

El sistema sucedido preveía dos vías legales para el reclamo de la víctima. Por un lado una acción de derecho común asimilable a la de cualquier individuo que sufre un perjuicio. Esta acción no tenía topes en cuanto a los montos de resarcimiento, pero la víctima debía demostrar los presupuestos generales para hacerse acreedor a una indemnización.

La vía restante era una acción especial, más simple en cuanto a la carga probatoria pero con topes máximos y una fórmula fija para el cálculo de las indemnizaciones. El sistema era paralelo a una instancia administrativa voluntaria, a cargo de los organismos públicos de aplicación, en la cual se podía lograr una determinación y liquidación de las indemnizaciones con firmeza legal y sin costos privados obligatorios.

Ya con varios años de vigencia del nuevo esquema, Argentina sigue soportando altas tasas de siniestralidad, con los costos sociales que esto trae aparejado. Desde los distintos sectores aparecen cuestionamientos acerca de la eficacia de la normativa para el logro de los objetivos buscados, y existen en la actualidad numerosos proyectos de reforma de la ley. Este trabajo, consecuentemente intenta reflexionar sobre el desempeño que la LRT ha tenido como institución reguladora de los riesgos y accidentes de trabajo, a partir de analizar la relación entre los objetivos propuestos y los instrumentos diseñados para conseguirlos.

Utilizaremos para esa finalidad algunos principios y herramientas generales del análisis económico del derecho de daños.

Las bases teóricas del análisis económico de la regulación de los daños en el campo laboral, en su corriente principal, procura juzgar un sistema jurídico a la luz de los incentivos individuales que genera y con referencia a la eficiencia de asignación. En esta perspectiva analítica se han diseñado modelos1 para identificar el efecto que las distintas normas proyectan sobre la conducta de los individuos. Los esquemas en cuestión distinguen la existencia de dos tipos de agentes: dañadores y víctimas, quienes toman decisiones guiados por la maximización de sus utilidades esperadas suponiendo – en la versión más simple- que son neutrales frente al riesgo. Desde una perspectiva normativa se plantea como objetivo maximizar una función de bienestar social de la que se deduce el costo provocado por la ocurrencia de hechos dañosos.

Sin ningún lugar a dudas la problemática al igual que en otros países merece de la realización de un estudio pormenorizado de la situación.

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Categoría: Accidentes de Trabajo, ART

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